Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos se creó hace más de 70 años, sus aspiraciones siguen sin cumplirse para millones de agricultores y trabajadores de todo el mundo. A día de hoy, los abusos de los derechos humanos y las violaciones del medio ambiente siguen siendo frecuentes en las cadenas de suministro agrícola y en el comercio mundial.

A pesar de las sólidas iniciativas voluntarias, como Fairtrade, la legislación es vital para garantizar que se respetan los derechos humanos y medioambientales en cada paso del viaje de un producto, desde el campo agrícola inicial hasta el estante final de la tienda.

Las organizaciones de agricultores y los trabajadores agrícolas son los que tienen menos poder en las cadenas de suministro mundiales y a menudo reciben la menor parte del valor de un producto. En una carta abierta, los agricultores y trabajadores de Fairtrade piden una legislación de diligencia debida impactante y fuerte para cambiar esta situación, pidiendo a la Unión Europea que incluya sus voces y necesidades en las próximas negociaciones.

"El diálogo con las personas afectadas negativamente por las prácticas empresariales es un principio fundamental en la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente. Nosotros, como titulares de derechos, queremos que se nos escuche", dice un extracto.

La carta es una reacción a la propuesta de la Comisión Europea de una amplia ley de debida diligencia presentada recientemente. Más de 270 organizaciones certificadas de Fairtrade de América Latina y África han firmado la carta que se ha enviado a los funcionarios europeos este 24 de mayo. Más de 40 empresas europeas apoyan su mensaje.

Los autores de la carta reconocen que la propuesta actual es un buen comienzo, pero cuestionan si la legislación sugerida es lo suficientemente audaz como para producir un cambio positivo para los agricultores y los trabajadores.

Sus principales peticiones son que la futura legislación de la UE sobre derechos humanos y debida diligencia medioambiental (DDDH)

- Extiende la obligación de debida diligencia a toda la cadena de suministro y se aplique a todas las empresas;

-Promueve la colaboración y el reparto de costes;

-Exige a las empresas que revisen y, en caso necesario, ajusten sus prácticas de compra y venta;

-Menciona específicamente los ingresos y salarios dignos como derechos humanos;

-Exige un compromiso significativo de las partes interesadas con los agricultores y los trabajadores en cada etapa del proceso;

En su carta, los agricultores y trabajadores señalan que la propuesta se basa demasiado en las garantías contractuales (por ejemplo, los códigos de conducta), lo que facilita que las grandes empresas trasladen su responsabilidad a otros en la cadena de suministro en lugar de asumir el impacto de sus propias prácticas de compra.

También hacen hincapié en que la renta vital es un derecho humano y una condición previa para el cumplimiento de otros derechos humanos. Cualquier legislación futura debe acercar los ingresos actuales a los medios de vida sostenibles. Los grupos de agricultores y las plantaciones sólo pueden abordar los problemas de derechos humanos y los retos medioambientales si las empresas comparten el coste de su cumplimiento.

Además, los agricultores y los trabajadores destacan que es crucial el diálogo y la colaboración significativos entre las empresas europeas y sus proveedores. Esto hace que las empresas comprendan las múltiples formas en que los negocios afectan a las personas y al medio ambiente, y permite una colaboración eficaz para responder a los impactos adversos.

Los agricultores y trabajadores certificados por Fairtrade han abierto el diálogo. Hacemos un llamamiento a los legisladores europeos para que respondan, de modo que la futura legislación de la UE en materia de DDHH pueda suponer una diferencia real para los más afectados por las violaciones de los derechos humanos y cuestiones medioambientales.